El futuro del aprovechamiento hidroeléctrico del río Uruguay volverá a instalarse en la agenda política de Corrientes. Hoy, Gobernador Virasoro será sede de una jornada de debate sobre la continuidad de las gestiones para construir la represa hidroeléctrica de Garabí, una iniciativa binacional con Argentina y Brasil que acumula más de cinco décadas de estudios, reformulaciones técnicas y controversias ambientales y judiciales.

La actividad se desarrollará de 14:30 a 17 en el Salón de la Casa de la Historia y Cultura del Bicentenario y es impulsada por la Región 2 Tierra Colorada del Consejo de Crecimiento Económico y Desarrollo Social (CCEDS), en el marco del Plan Estratégico Corrientes 2030. La exposición principal estará a cargo de Miguel Ángel Yunis, vicepresidente de la entidad.

La convocatoria también apunta a reunir respaldo político e institucional para recuperar el proyecto dentro de la agenda de infraestructura energética nacional. Entre los invitados se encuentra el senador provincial Noel Breard, a quien las autoridades del Consejo solicitaron acompañamiento legislativo para avanzar en la discusión de una obra considerada estratégica por sus promotores para el desarrollo de Corrientes y la región.

El presidente del CCEDS, Miguel Zaluski; el vicepresidente Yunis y la secretaria Cintia Lucrecia Toledo participan de la organización del encuentro. La agenda contempla, además, la llegada de legisladores provinciales para mantener reuniones de trabajo destinadas a unificar posiciones políticas y analizar aspectos jurídicos vinculados con las regalías hidroeléctricas.

También está prevista una audiencia con el intendente de Gobernador Virasoro, Guillermo de la Cruz, para coordinar el acompañamiento de los municipios de la costa del río Uruguay. La expectativa de las autoridades locales está relacionada con la posibilidad de que una inversión de esta magnitud genere empleo, dinamice las economías ribereñas y amplíe la infraestructura energética regional.

Un proyecto con más de 50 años de historia

Los antecedentes formales de la represa de Garabí se remontan a la década de 1970, cuando Argentina y Brasil comenzaron a desarrollar acuerdos y estudios técnicos para aprovechar el potencial hidroeléctrico del tramo compartido del río Uruguay. Desde entonces, la iniciativa atravesó distintas etapas de evaluación, cambios de diseño y discusiones sobre su viabilidad económica y ambiental.

El plan binacional contempla dos aprovechamientos: Garabí y Panambí. El primero tendría una potencia instalada proyectada de 1.152 megavatios (MW), con una inversión estimada en alrededor de 2.700 millones de dólares. Panambí, por su parte, aportaría otros 1.048 MW. En conjunto, las dos centrales podrían incorporar aproximadamente 2.200 MW de capacidad de generación al sistema eléctrico regional.

La dimensión del emprendimiento explica el interés que mantiene entre sectores políticos y productivos de Corrientes. En un escenario de creciente demanda energética, la posibilidad de sumar generación hidroeléctrica aparece como una alternativa para ampliar la disponibilidad de electricidad y acompañar el desarrollo industrial.

Sin embargo, la continuidad de la iniciativa depende de superar obstáculos que exceden las decisiones políticas de las provincias. Los estudios técnicos, las condiciones de financiamiento, los acuerdos entre ambos países y, especialmente, las exigencias ambientales constituyen factores centrales para determinar si el proyecto puede avanzar.

El impacto ambiental, una discusión todavía abierta

Uno de los principales puntos de controversia está relacionado con las dimensiones del embalse y la superficie que quedaría bajo agua. El diseño original de Garabí, elaborado en 1988, contemplaba una cota máxima de 94 metros sobre el nivel del mar. Esa alternativa proyectaba un espejo de agua de aproximadamente 810 kilómetros cuadrados, con consecuencias sobre poblaciones y territorios ribereños.

Posteriormente, los estudios de inventario aprobados en 2010 introdujeron modificaciones para reducir el impacto. La cota fue ajustada a 89 metros sobre el nivel del mar y la superficie estimada del embalse pasó a unos 642 kilómetros cuadrados.

La reformulación permitió disminuir el área de afectación prevista, aunque no eliminó las objeciones de organizaciones ambientalistas de Argentina y Brasil. Entre las principales preocupaciones aparecen las alteraciones sobre los ecosistemas de aguas rápidas, los ciclos migratorios de los peces, la biodiversidad y los posibles efectos sobre actividades productivas y poblaciones cercanas al río.

El debate adquiere particular relevancia para las localidades correntinas vinculadas con el Uruguay, donde cualquier modificación del régimen del río podría tener consecuencias territoriales, económicas y ambientales que deberán ser consideradas en una eventual reactivación.

Brasil, el principal frente judicial

La iniciativa también enfrenta dificultades del lado brasileño. El complejo fue concebido como un emprendimiento binacional, con participación de la empresa argentina Ebisa y la estatal brasileña Eletrobras, pero los procedimientos de licenciamiento ambiental permanecen condicionados por decisiones judiciales.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con Panambí, cuyo embalse podría afectar al Parque Estadual do Turvo, una reserva natural ubicada en el estado brasileño de Río Grande del Sur. Los reclamos del Movimiento de Afectados por Represas (MAB) y las resoluciones judiciales que respaldaron las objeciones ambientales mantienen frenados los intentos de avanzar con los estudios y las autorizaciones.

Pese a ese escenario, sectores industriales y políticos del sur de Brasil mantienen interés en la posibilidad de ampliar la generación energética. La demanda estacional de electricidad constituye uno de los argumentos que sostienen la necesidad de recuperar el diálogo bilateral sobre el aprovechamiento del río Uruguay.

La reunión de Virasoro buscará, precisamente, volver a poner en discusión una obra que lleva décadas sin concretarse y que requiere acuerdos políticos, técnicos y ambientales entre ambos países. Para Corrientes, el desafío será transformar el potencial hidroeléctrico de su frontera natural en una oportunidad de desarrollo, sin dejar de considerar los impactos territoriales y las condiciones necesarias para garantizar su viabilidad.




Fuente: Diario Época